por Fabrizio Casari
El Parlamento nicaragüense,
con amplia mayoría, ha votado un decreto de disolución para 5 diferentes
ONG nicaragüenses, acusadas de haber desempeñado un papel de apoyo
organizativo y liderazgo político en el intento de golpe de estado que
ha ensangrentado a Nicaragua desde el 18 de abril hasta el pasado mes de
julio.
Los liberales y los conservadores han
votado en contra, acusando a los sandinistas de represión
antidemocrática, pero en realidad las decisiones del Parlamento
nicaragüense se han tomado en cumplimiento de la ley 147 sobre la ONG,
aprobada en 1992 por el gobierno liberal y conservador de Violeta
Chamorro, para regular la actividad de las empresas que reciben fondos
internacionales. Así que las protestas de la derecha son extrañas, ya
que cuando están en el gobierno votan leyes, que luego, cuando van a la
oposición no quieren aplicar.
Durante años, las ONGs disfrutaron de una
considerable tolerancia por parte de las instituciones gubernamentales,
sintiéndose amparadas por una ley que, sin embargo, también prevé la
obligación de mantener las cuentas en transparencia, renovar los cargos
electivos y operar en consonancia con los propósitos establecidos.
Obligaciones que han sido ignoradas.
El artículo 24, párrafo 7 de la Ley,
dispone el retiro de la autorización en caso de utilizo para cometer
actos ilegales, violación del orden público, realización de actividades
que no corresponden a los fines para los cuales han sido establecidas.
Precisamente lo que ocurrió.
En los estados financieros no había
trazabilidad del origen de los fondos, sin embargo en las
investigaciones aparecieron recibos por miles de dólares con causales
claramente atribuibles a los actos terroristas cometidos. En cuanto a la
renovación de los cargos electivos, a menudo la misma persona (este es
el caso, por ejemplo, del Popol Na de Monica Baltodano) aparecía en
función ocupando al mismo tiempo todos los cargos previstos, lo que
demuestra que estos eran accesorios muy privados y no actos públicos.
Finalmente, entre los propósitos de su constitución y los hechos
demostrados, no existe algún un vínculo posible.
De hecho, las hipotéticas organizaciones
no gubernamentales "para la defensa de los derechos humanos", en alianza
con la Conferencia Episcopal, el Cosep y los partidos de la oposición,
han trabajado sobre todo para incitar la revuelta armada contra el
gobierno constituido legal y legítimamente. Posición que vincula a estas
organizaciones a la esfera de las asociaciones subversivas y no de
defensa de los derechos humanos, que quizà son las víctimas
predestinadas de todo conflicto.
Con nombres diferentes, pero de propiedad
de los habituales, las ONGs nicaragüenses han sido, ante todo, la fuente
de acreditación política y financiera en los Estados Unidos de una
generación de políticos fracasados, que una vez fueron sandinistas para
luego pasar con armas y equipaje a la extrema derecha.
Las fundaciones y asociaciones a lo largo
de los años se han denominado de forma diferente: al principio fungieron
de caja de familia para los Chamorro, los Baltodano, etc., para luego
convertirse en organizaciones activas en la contratación, capacitación y
organización de grupos antigubernamentales y recolectores de fondos de
los Estados Unidos.
De hecho, como demostrado ampliamente, las
ONGs recibieron importantes sumas de dinero provenientes de organismos
gubernamentales de terceros países y estructuras aparentemente privadas,
pero atribuibles a partidos y gobiernos extranjeros, con el objetivo de
crear oposición al gobierno sandinista, mejor si violenta. Por lo
tanto, fungieron de organizaciones no gubernamentales solamente para su
país, pero decididamente gubernamentales para aquellos que las
mantienen.
Durante el intento de golpe de Estado
proporcionaron la logística, el suministro de alimentos, transporte,
armas y sirvieron de red de información en apoyo a las operaciones
terroristas que constituían la quinta esencia del intento de golpe.
Otra tarea que llevaron a cabo fue la
creación de redes sociales artificiales, difundiendo noticias falsas,
con el propósito de generar caos, para luego elaborar informes falsos
sobre la represión. Mismos a ser utilizados internacionalmente,
ofreciendo una versión manipulada de los hechos, preparando un clima
hostil hacia el gobierno sandinista por parte de la comunidad
internacional y creando las condiciones para la aprobación de futuras
sanciones contra el País.
Dos son propietarios prominentes de estas
compañías: el MRS, un micro-partido altamente resentido y criminal,
nacido de la separación del FSLN en 1994 y la familia Chamorro, guía
histórica de la oligarquía nicaragüense que tiene en sus manos la mayor
parte de la información privada del país. El primero como brazo armado y
propagandístico del golpe de Estado, el segundo encargado de mover la
empresa privada hacia el golpismo, ambos comparten las mismas ambiciones
en un terreno común. Para el MRS, que representa a las familias
oligárquicas que una vez fueron sandinistas, el sueño es vengarse del
Presidente Ortega y destruir al partido que no quiso seguirlos en su
camino hacia la extrema derecha; para la familia Chamorro, la aspiración
es recuperar el poder político y devolverlo, veintiocho años después, a
otro miembro de la familia bajo el mando de Nicaragua.
Algunos analistas creen que las decisiones
tomadas por la mayoría del Parlamento nicaragüense son la respuesta a
la aprobación de la Nica Act en las dos ramas del Parlamento de
los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar que el clima político en la
relación con los Estados Unidos se haya endurecido seriamente, no existe
una relación de causa-efecto directa entre el voto de Washington y el
voto de Managua.
Con la disolución de las ONGs, Nicaragua
solo continúa con el trabajo de identificación, juicio y sanción contra
el bloque reaccionario y criminal que intentó un golpe violento que
costó más de 200 muertos, causando pérdidas a la economía por 1,812
millones, así como el fin del clima de paz y convivencia civil que veía
Nicaragua como el país más seguro de América Latina, junto con Cuba.
Ningún país digno hubiera dejado impunes a
los protagonistas y actores de horrores similares y, en todo caso, solo
podemos plantearnos la hipótesis de que la identificación, el juicio y
la administración de las sanciones relativas aún no están completas, ya
que todavía hay personajes y estructuras que participaron activamente en
el golpe de estado y que serán alcanzados tarde o temprano por la
justicia.
La decisión de Trump de firmar o no la Nica Act
tendrá repercusiones solo en las relaciones bilaterales. Probablemente
los Estados Unidos, escolásticamente, piensan que tienen mucho que ganar
y nada que perder manteniendo un clima más agresivo con Managua, pero
están equivocados.
Nicaragua controlada por los sandinistas
desempeña un papel valioso en la región centroamericana, tanto para la
estabilidad política en el triángulo del norte como en la prevención del
narcotráfico en el país y en el uso de sus fronteras. Además, sus
políticas de inclusión hacen de Nicaragua el único país centroamericano
que no contribuye a la migración irregular en los Estados Unidos.
La colaboración entre las respectivas
fuerzas armadas es particularmente apreciada por el propio Pentágono,
que en varias ocasiones ha reiterado admiración y respeto por el alto
grado de eficiencia de las fuerzas armadas nicaragüenses.
Sin embargo, se puede imaginar que, en el caso de que Nicaragua, debido a la Nica Act,
ya no pueda tener acceso a fondos internacionales para obras sociales,
podría verse obligada a modificar parte de su presupuesto dirigiendo
recursos hacia inversiones públicas y la asistencia social.
Por lo tanto, existe el riesgo que el
dinero que hoy se gasta para satisfacer las necesidades de seguridad de
los Estados Unidos, pueda convertirse en la primera víctima de las
sanciones de los Estados Unidos. Quién sabe si Washington ha valorado
suficientemente la oportunidad de relegar a los caprichos de la extrema
derecha de Florida un problema serio que atañe la misma seguridad
nacional de los EE. UU. y la política de la Casa Blanca hacia
Centroamérica.
Fuente: www.altrenotizie.org
