por RESISTENCIA
2.0 -
El embajador permanente de EE.UU ante la
Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, busca desesperadamente financiamiento externo para continuar ejecutando la política injerencista en Nicaragua a través del operador político de intromisión contra la soberanía de los pueblos: la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH).
El diplomático estadounidense destacó recientemente que
es importante conseguir apoyo financiero para que la CIDH continúe ejerciendo
el trabajo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) y el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), tan devaluado y deslegitimado por sus informes espaciales y mentirosos.
En este sentido, indicó que la CIDH tiene asignados 1.4
millones de dólares para continuar su trabajo (injerencista) en Nicaragua. De
esta sumatoria, Estados Unidos perfila con el mayor aporte, con aproximadamente
medio millón de dólares. Quedando claro qué país tiene mayor interés en hacer presión diplomática a Nicaragua, sumado al financiamiento del ya fallido golpe de Estado.
Estados Unidos y Canadá figuran como dos de
los mayores donantes de la Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Sin
embargo, ninguno de estos países están suscritos al acuerdo de San José, que
reconoce la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
para juzgar los casos denunciados por la entidad.
Cabe destacar que ante la intentona golpista que
atraviesa el Gobierno del Presidente Daniel Ortega, Nicaragua rechazó, en dos ocasiones, ante el Consejo Permanente de la
OEA, el informe que presentó la CIDH por considerarse parcializado, sesgado y
poco profesional.
Financieramente la
CIDH depende básicamente de contribuciones voluntarias, del recojo de fondos de
diferentes países y organismos. ¿Cuál es, entonces, su importancia cuando los
Estados miembros de la OEA no comprometen recursos adecuados del presupuesto de
este organismo?
Todo parece indicar,
como consecuencia del análisis de las fuentes financieras de la CIDH, que ésta
procede como una ONG en la búsqueda y obtención de los fondos. En consecuencia,
cabe preguntarse, ¿Cuál es su grado de independencia del organismo dependiente
de aportes voluntarios?
Un organismo
internacional debe tener, en primer lugar, el apoyo financiero de los países
que lo integran. Ello sin duda no ocurre en el caso de la CIDH. ¿Cúal es,
entonces, su legitimidad?
La CIDH no solo se ha convertido en un organismo parásito
y nido de tecnócratas que de tanta fast food / american way of
life han perdido contacto con la realidad del continente, sino que
defiende una visión hegemónica del mundo: la de los Estados Unidos.
Lo de “Interamericana” queda en lo nominal, pues las
decisiones de la CIDH se toman de acuerdo a los mandatos de Washington. A riesgo de parecer demasiado suspicaz, solo eso
explicaría el porqué tanta preocupación del oligopolio periodístico en el
financiamiento de la CIDH. ¿Para quién trabaja en realidad la CIDH?
También desde la USAID (Agencia de los Estados Unidos
para el Desarrollo Internacional) se financia a la CIDH y a muchas instancias
“internacionales” que cumplen un rol deliberante dentro de la geopolítica
regional.
Varias ONG’s de la calaña de Fundamedios que
-¡oh sorpresa!- están alineadas contra los gobiernos progresistas de la región
también tienen como principal fuente de ingresos a “la colaboración
internacional de Washington”.
Por otro lado, el descontento hacia la CIDH es de varios países
de la región con gobiernos de todas las tendencias políticas, que han expresado
su malestar por la forma oscura en la cual procede dicho organismo. Así que el
argumento de que “los izquierdistas quieren acabar con la libertad de expresión
y los derechos humanos” se cae por su propio peso.
Ya es hora de sepultar de una buena vez por todas a estos
afanes colonialistas, de que sean nuestros pueblos los que nos juzguen,
que toda instancia internacional a la que se recurra sea pensada por y desde
Latinoamérica, pues tal como afirmó el Presidente Evo Morales: “La comisión de
DDHH de la OEA es otra base militar de EE.UU.”
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