por RESISTENCIA 2.0 -
Veintiún países alienados
a la política del departamento de Estado de los Estados Unidos, recién han
aprobado una resolución ante el Consejo Permanente de la Organización de
Estados Americanos (OEA), que deja en clara evidencia el descarado interés político y
económico que tiene la potencia del Norte para perpetrar de forma apresurada un
golpe de Estado en Nicaragua.
Ante esta política de
intromisión, erigiéndose la OEA como un tribunal de facto, expertos juristas internacionales
han opinado que tal resolución condenatoria, promovida por Argentina, Canadá,
Chile, Colombia, Costa Rica, Perú y Estados Unidos, es ilegal e ilegítima, y por tanto no
tiene ningún efecto en el los destinos políticos de Nicaragua.
El Canciller de la República de Nicaragua, Denis Moncada, en
representación del gobierno del Presidente Daniel Ortega, dejó claro ante la
OEA que dicha resolución es injusta y carente de objetividad, y la misma se ensaña contra la soberanía de un país que forma parte de la
comunidad de América Latina y El Caribe.
Pese al desborde triunfal de la derecha golpista, los juristas han
explicado que “ninguna resolución emitida por este organismo internacional tiene
valor jurídico vinculante, partiendo que la OEA está para buscar acuerdos, y no
imponer cosas, no siendo una institución supranacional sino multilateral”.
El grito de victoria de los
golpistas nuevamente queda solo en papeles y redes sociales, y no tendrá mayor efecto, ni
materialización en ningún plano jurídico. Los especialistas indican que una cosa es examinar una resolución aceptada, adoptada por
la OEA, pero otra cosa es pretender que hay que aceptar
el contenido de la resolución cuando este no tiene vocación de ser
jurídicamente vinculante".
La razón por la que
Nicaragua ha decidido participar en la discusión de la resolución, es vista por
los juristas con el fin de ocupar este espacio para evidenciar y denunciar las claras
intenciones de los Estados que se han sumado cínicamente al golpismo, pero el
documento no genera obligación de conformidad con el contenido del mismo.
A través de esta resolución la
OEA pretendió condenar a priori y de manera injusta e improcedente
al gobierno constitucional, legítimo del Presidente Daniel Ortega, sin embargo,
y tal como lo dejó sentado el canciller nicaragüense: "es un desacierto político
y diplomático", y no pasará a más.
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