Ante el proceder de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que analizó parcialmente la situación de Nicaragua, el canciller de ese estado centroamericano, Denis Moncada Colindres, intervino el viernes último en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para defender los principios de su nación.
Para explicar su postura comenzó relatando que el informe analiza las protestas sociales ocurridas el 18 de abril, en las cuales –aclara el Canciller– no resultó ninguna persona fallecida. «Sin embargo, los medios de comunicación, manipulando la información, publicaron una noticia falsa sobre el fallecimiento de un estudiante universitario en la Universidad Centroamericana (UCA), el cual nunca existió», dijo. Esa fue, sin embargo, la punta de lanza que «sirvió como detonante de los hechos acaecidos a partir del 19 de abril», sostuvo.
Moncada considera que detrás de estas acciones pululan grupos interesados en la desestabilización y ruptura del orden constitucional de su país, ajenos a la reivindicación social: dieron lugar a partir de ese día a una asonada, que devino en estragos, incendios, saqueos y motín.
En consecuencia, el diplomático declaró que se trata de un plan preconcebido que se afinca en la participación de pandilleros armados y termina provocando la muerte a sus coterráneos, incluidos policías, blanco al que dirigen sus armas de fuego los mencionados pandilleros.
Como si no bastara –denuncia Moncada– ese patrón delictivo se replicó en algunas de las principales ciudades del país, «lo que reveló la existencia de una planificación y organización previamente diseñada y financiada».
En ese sentido, Moncada enfatizó en que no es política de Estado, por parte del Gobierno de Nicaragua, la represión de protestas sociales y menos el uso excesivo y arbitrario de fuerzas por parte de la Policía Nacional; basta citar las múltiples marchas que han ocurrido en el país, en las que no se reportó ningún fallecido.
«Rechazamos las recurrentes, ligeras e infundadas afirmaciones de condenas sobre denuncias hechas en contra del Estado de Nicaragua y, en particular, en contra de la Policía Nacional a las que alude el informe», resaltó.
«El informe presentado por la CIDH, hasta el 6 de junio sobre fallecidos atribuidos al Estado, no está ajustado a la realidad, porque se reportó hasta esa fecha 98 fallecidos vinculados a esa coyuntura dentro de los cuales hay también policías, ciudadanos sandinistas y población en general. No todos los fallecidos son atribuibles a la situación que se estaba viviendo en ese momento, ya que algunos de ellos fueron por causas ajenas a los sucesos que están siendo investigados por las autoridades competentes», reivindicó.
Por otra parte, insistió Moncada en que los 143 muertos señalados en el informe no han sido debidamente investigados y verificados por la CIDH.
«En este informe se omiten deliberadamente todos los ataques armados, asedios, hostigamientos y secuestros de los que han sido y siguen siendo objeto las delegaciones de la Policía Nacional, las que por decisión del Presidente de la República y a solicitud de la Mesa del Diálogo, fueron reconcentradas en sus unidades, como ocurrió en Matagalpa, Jinotepe, Masaya, León, Jinotega, Diriamba, Sébaco, Nagarote y Nindirí, entre otros; y la masacre y secuestros de policías en Mulukukú y El Jicaral. La concentración de la Policía en sus unidades ha generado un libre accionar de los delincuentes, trayendo como consecuencia el incremento de la actividad delictiva», denunció.
NICARAGUA BAJO EL ASEDIO ENEMIGO
Como un punto fundamental de su discurso contra el injerencismo desmedido de una organización disfuncional y proyanqui, el Canciller nicaragüense destacó que la CIDH hace caso omiso a los derechos humanos y constitucionales, tales como el derecho al trabajo, a la libre circulación de las personas, a recibir atención en salud, así como al derecho a la alimentación y educación. Lamentó también cómo omiten, a su conveniencia, la destrucción, incendio y saqueo de oficinas de instituciones públicas, edificios municipales, de unidades de policía, de instalaciones del Frente Sandinista de Liberación Nacional y de viviendas de dirigentes del FSLN y funcionarios públicos; además de la destrucción y saqueo de ambulancias, centros de salud, clínicas móviles, casas maternas, escuelas, equipos y maquinaria de las alcaldías. Todo ello perpetrado por grupos vandálicos.
No es de extrañar que la mayoría de las fuentes de información que se citan en el informe de la CIDH provienen de agencias y medios de comunicación adversos al Gobierno nicaragüense –como advierte el Canciller–, cuya generalidad de noticias son falsas y manipuladas.
En ese mismo desequilibrio, la CIDH desestima las versiones de las familias afectadas y los bienes destruidos, «quitándole valor de objetividad a su informe, ya que no está basado en investigaciones de fondo y por consiguiente no puede tener conclusiones definitivas, al no incorporar las denuncias de ciudadanos víctimas de atropellos de los grupos desestabilizadores», declaró.
Agregó que «el Estado de Nicaragua rechaza contundentemente todas las irregularidades y denegación de atención médica que la CIDH refleja en su informe. El Ministerio de Salud mostró evidencia a los miembros de la CIDH, de los pacientes que fueron y están siendo atendidos en las diferentes unidades de salud y en seguimiento en la consulta externa de los hospitales; durante este periodo también se han recibido pacientes de hospitales privados, a los cuales se les ha dado continuidad de la atención. Reafirmamos que nunca se ha negado la atención a los pacientes. El 6 de junio, el Estado le ofreció y entregó a la CIDH la información detallada de los 1 337 lesionados, con información de la unidad de salud en que fueron atendidos cada uno, de la situación en que llegaron y la atención que se brindó, la cual es omitida deliberadamente por la CIDH, pronunciándose la mala calidad en algunos casos sin haber realizado una auditoría médica que evalúe el proceso de atención.
«El Estado de Nicaragua rechaza contundentemente las supuestas irregularidades en el inicio de las investigaciones respecto de los fallecidos y lesionados ocurridos en ese contexto, el Ministerio Público en todos los casos que ha judicializado, lo ha hecho cumpliendo con los estándares internacionales y agotando todas las posibles líneas de investigación; las acusaciones se han realizado con abundantes elementos de convicción, con pruebas periciales, testificales y documentales, entre otros», detalló.
«Rechazamos la supuesta falta de confianza en presentar denuncias, ya que el Ministerio Público ha recibido más de 60 denuncias por familiares de personas fallecidas, así como abundantes denuncias por daños a la propiedad pública y privada que demuestran la confianza de la población en la institución. En la visita de la CIDH, el Ministerio Público hizo saber de esta información y sobre las diligencias investigativas, las cuales en este informe han sido ignoradas».
Cuestionó Moncada que los daños sufridos por funcionarios y ciudadanos identificados como sandinistas, no se reflejan en el informe de la CIDH; así como los incendios provocados en Masaya, León y Managua con personas calcinadas y otras secuestradas, que constituyen verdaderos actos terroristas. Asimismo –valoró–, la estigmatización de los funcionarios públicos y sus familias a través de las redes sociales, constituye un verdadero linchamiento mediático, violatorio de los derechos humanos, a los que la CIDH no hizo ninguna referencia en el informe.
En el informe de la CIDH se condena a priori al Estado de Nicaragua por los fallecidos del 30 de mayo, entre los cuales hubo militantes sandinistas, y también se concluye precipitadamente en culpar a la Policía Nacional del incendio y muerte el 16 de junio de la familia Velázquez Pavón en el barrio Carlos Marx, en Managua, la que había sido amenazada el 14 de junio por elementos opositores por no participar en el paro nacional.
En base a todo lo anterior, el Canciller rechazó las conclusiones del informe presentado por la CIDH, el cual consideró que falta totalmente a la verdad, ofendiendo la dignidad de los nicaragüenses.
Por último, Moncada recordó que Nicaragua en las dos ocasiones que ha estado en el Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra ha salido con éxito del Examen Periódico Universal. «No es política del Estado de Nicaragua violar los derechos humanos, más bien constituyen un eje fundamental de nuestra Constitución Política y de la actuación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Basta señalar que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica y el segundo de América Latina». Resaltó además que recientemente invitaron al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Unión Europea, la Secretaría General de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que visiten Nicaragua y acompañen las labores de la Comisión de Verificación y Seguridad creada el 16 de junio pasado en la Mesa de Diálogo Nacional, contando con la mediación de la Conferencia Episcopal.
Con la Secretaría de la Organización de Estados Americanos –detalló–, hemos venido trabajando de manera fluida desde antes que estos hechos de violencia tuvieran lugar. «En ese sentido se estableció una Misión de Acompañamiento Electoral a las elecciones municipales realizadas en noviembre del 2017, cuyo informe fue presentado en diciembre del año pasado en este Consejo Permanente».
Por todo lo descrito y la vocación humanista del Estado nicaragüense, en nombre de su país, Moncada solicitó a la CIDH que incluya en su informe todas las observaciones que el Estado ha expresado en las consideraciones, toda vez que se trata de un Estado que «continúa y continuará trabajando por la paz, la estabilidad, para que prevalezcan la verdad y la justicia, el orden social, la seguridad, los Derechos Humanos de todos los nicaragüenses y personas que se encuentren en nuestro territorio».
Publicado en: Pensando Américas
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